Para resolver la situación, el sistema de escuelas públicas de Miami-Dade, el cuarto mayor del país, acordó a principios de mes pagar una multa civil de 90.000 dólares, pero no llego a admitir que hubiera obrado de mala fé, aunque no descarta que alguno de los empleados encargados se hallan sobrepasado.
La división de derechos civiles del Departamento de Justicia comenzó la investigación en septiembre de 2014, mientras que las prácticas del condado se remontan, al menos, a septiembre de 2012, según el acuerdo de resolución.
El sistema de escuelas públicas del condado Miami-Dade, dispone de un plazo de tres años para pagar la multa, además de la obligación de desembolsar 125,000 dólares en compensación a cualquiera que haya visto una merma de su salario por la supuesta discriminación.
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